Términos y condiciones

Al usar Tverificas (el sitio público, el dashboard o la API) aceptas estos términos. Si no estás de acuerdo, no uses el servicio.

Tverificas es una API de verificación de identidad y antecedentes que consulta fuentes oficiales colombianas e internacionales. Operada por Pontech S.A.S. desde Bogotá D.C.

La disponibilidad y la cobertura de cada fuente depende del tercero correspondiente (RNEC, Procuraduría, OFAC, etc.). No garantizamos disponibilidad 100% — los status degraded y failed reflejan caídas o timeouts del proveedor upstream.

Puedes usar la API para fines de cumplimiento (KYC, SARLAFT), gestión de riesgo, contratación y due diligence. Cada llamada debe contar con una base legal (consentimiento del titular, obligación legal, interés legítimo) en tu organización.

No está permitido: hacer scraping a la API para construir bases de datos paralelas, revender el servicio sin acuerdo escrito, ni usarlo para perfilar a personas con fines discriminatorios.

• Cada organización tiene una cuota mensual incluida en su plan. El consumo sobre esa cuota es overage y se factura al cierre del mes según las tarifas del contrato comercial.
• No se cobran consultas con status failed o degraded, ni los cache hits dentro de 24 h, ni las consultas con keys test.
• Las facturas se emiten conforme a la legislación tributaria colombiana (DIAN, factura electrónica).

Podemos suspender el acceso de una organización cuando: detectamos uso anómalo (rate abuse, intentos de bypass), hay incumplimiento de pago o se viola la sección de "Uso permitido". Notificamos por email antes de cualquier suspensión preventiva, salvo en casos de fraude evidente.

El tratamiento de datos personales se rige por nuestra política de privacidad bajo la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data).

Tverificas entrega información de fuentes oficiales pero no toma decisiones por ti. La decisión de aprobar, rechazar o continuar una operación basada en el resultado de una verificación es responsabilidad de tu organización.

Estos términos se rigen por las leyes de la República de Colombia. Cualquier disputa se resolverá en los tribunales competentes de Bogotá D.C., salvo acuerdo expreso en el contrato comercial específico.